SEO/BirdLife presenta el segundo informe con una notable mejoría en materia ambiental

SEO/BirdLife ha publicado el martes 29 de diciembre, el segundo Informe de Indicadores de Gobernanza Ambiental, en el que la organización conservacionista evalúa el desempeño de las administraciones e instituciones públicas españolas en materia ambiental. Si en el anterior estudio, que cubría el periodo 2016-2018. España sacaba la peor nota posible en cinco de los seis indicadores seleccionados.

El nuevo informe refleja una ligera mejoría: dos indicadores –cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y conflictividad constitucional– logran el aprobado, al ascender de “claramente desfavorable” a “moderadamente favorable”; y un tercero, el grado de cumplimiento de Derecho comunitario, sube un peldaño, de “claramente desfavorable” a “moderadamente desfavorable”.

Mejora el informe de gobierno ambiental en comparación con el anterior

Aunque se duplica respecto del anterior estudio, la actividad parlamentaria en materia medioambiental sigue sin alcanzar ni el 1% del total, lo que mantiene este indicador con la puntuación más baja. La fiscalidad ambiental también sigue siendo una asignatura pendiente. En cuanto a la participación pública, cinco regiones empeoran su calificación y solo dos administraciones consiguen mejorar puesto. El resto, incluida la Administración General del Estado, no experimentan mejoría.

“Los resultados de este segundo análisis muestran avances, algunos de ellos significativos, como es el caso del estado de la legislación. Sin embargo, en términos globales, el buen gobierno ambiental de las administraciones e instituciones públicas españolas sigue sin llegar al aprobado. Ante el inicio de un proceso de recuperación social y económica frente al COVID-19, que tiene que avanzar hacia un país más sostenible, no podemos permitirnos estas notas, en ningún nivel de la administración pública”, explica la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

Principales conclusiones

Al igual que en su primera oleada, el estudio de SEO/BirdLife analiza el grado de cumplimiento en cuatro grandes aparatados: estado de la legislación, acción de las instituciones, procesos de participación y fiscalidad ambiental.

Para determinar su grado de cumplimiento se basa en seis indicadores, a los que otorga una puntuación en cuatro niveles que van de “claramente favorable” a “claramente desfavorable”.

Estado de legislación

En este apartado se examinan dos indicadores: el grado de cumplimiento de los ODS y el grado de cumplimiento en materia de Derecho comunitario.

• En cuanto al grado de cumplimiento de los ODS, permanecen como problemáticas las metas relativas a transporte público (ODS número 11, ciudades y comunidades sostenibles), limpieza de las aguas marinas (ODS 14, Vida en los océanos), y la lista roja de especies en peligro (ODS 15, Vida en la Tierra), que muestran tendencias preocupantes. Los datos son insuficientes en aspectos muy relevantes como el ODS 12 (producción y consumo responsables) o el ODS 13 (Acción por el clima).

• En materia de ODS, el informe de SEO/BirdLife valora la labor del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en los últimos dos años ha puesto en marcha una nueva base de datos estadística online, (INE Base) que permite consultar y hacer el seguimiento de los indicadores de los ODS a través de sus metas concretas. Esta tarea se ha abordado a través del conjunto de indicadores mundiales (232 indicadores) acordados por Naciones Unidas.

• En lo que se refiere al cumplimiento del Derecho comunitario, el cierre de casos abiertos por la Comisión Europea, por incumplimiento o inadecuada trasposición, ha experimentado una e mejora: se ha pasado de 38 casos abiertos en 2017 a 25. A pesar de este avance las administraciones públicas españolas siguen a la cabeza, empatadas con las de Grecia, en grado de incumplimiento.

Acción de las instituciones

Para determinar el grado de cumplimiento en esta materia, se evalúa la conflictividad constitucional, es decir, el número de ocasiones en que el Tribunal Constitucional (TC) es llamado a expresarse sobre la constitucionalidad de normas legales ambientales, promulgadas por los diferentes niveles competenciales de la Administración. Se entiende que una norma que haya contado con consenso en su preparación y aprobación no llega al TC. Por otro lado, evalúa la actividad parlamentaria en materia de medio ambiente.

• La décima legislatura (diciembre de 2011 a enero 2016) marcó un máximo histórico de la conflictividad constitucional. Se plantearon, entre Estado y comunidades 213 conflictos, de los que 39 fueron ambientales. De ese máximo se pasó a una media de casi siete en 2018 y, de ahí, a tres. Lo más positivo es que los datos sobre actividad de las comisiones bilaterales (órganos de consenso interadministrativo que se activan en caso de existencia de un conflicto, para evitar que llegue al Tribunal Constitucional), apuntan a que los acuerdos han aumentado significativamente.

• Sobre un total de 62.942 iniciativas parlamentarias, las relacionadas con el medio ambiente han supuesto un 0,89% del total. Esto supone el doble del porcentaje obtenido en el periodo anterior[1], de un 0,44%. Sigue siendo un porcentaje bajo que no permite considerarlo un avance, pero muestra una tendencia esperanzadora.

Fiscalidad Ambiental

• La demora en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (prorrogados cuatro veces en los últimos cinco años), ha congelado el panorama, claramente insuficiente, de la fiscalidad ambiental. 

En 2019, todavía con presupuestos prorrogados, continuaban incumplidas las recomendaciones internacionales, comunitarias e incluso estatales al respecto.

Participación publica

La participación pública en asuntos ambientales muestra datos negativos. En el caso de la Administración General del Estado, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, principal punto de participación del Gobierno nacional y la sociedad civil, persiste la escasa actividad, no cuenta con reuniones periódicas y necesita mejorar sus herramientas de funcionamiento.

En el caso de los consejos a nivel autonómico, el panorama es similar: en algunos casos, están perdiendo su misión como foros de debate y, en las peores situaciones, no existen más allá de sus normas de constitución, (es el caso de Madrid, Castilla y León, Asturias), cuestión que ha llegado a provocar pronunciamientos de tribunales de Justicia o del Defensor del Pueblo por no cumplir adecuadamente con los principios básicos de la participación pública.

El Mundo Ecológico / SEO/BirdLife