¿Mejora el buen gobierno ambiental en España?

SEO/BirdLife presenta el segundo informe con una notable mejoría en materia ambiental

SEO/BirdLife ha publicado el martes 29 de diciembre, el segundo Informe de Indicadores de Gobernanza Ambiental, en el que la organización conservacionista evalúa el desempeño de las administraciones e instituciones públicas españolas en materia ambiental. Si en el anterior estudio, que cubría el periodo 2016-2018. España sacaba la peor nota posible en cinco de los seis indicadores seleccionados.

El nuevo informe refleja una ligera mejoría: dos indicadores –cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y conflictividad constitucional– logran el aprobado, al ascender de “claramente desfavorable” a “moderadamente favorable”; y un tercero, el grado de cumplimiento de Derecho comunitario, sube un peldaño, de “claramente desfavorable” a “moderadamente desfavorable”.

Mejora el informe de gobierno ambiental en comparación con el anterior

Aunque se duplica respecto del anterior estudio, la actividad parlamentaria en materia medioambiental sigue sin alcanzar ni el 1% del total, lo que mantiene este indicador con la puntuación más baja. La fiscalidad ambiental también sigue siendo una asignatura pendiente. En cuanto a la participación pública, cinco regiones empeoran su calificación y solo dos administraciones consiguen mejorar puesto. El resto, incluida la Administración General del Estado, no experimentan mejoría.

“Los resultados de este segundo análisis muestran avances, algunos de ellos significativos, como es el caso del estado de la legislación. Sin embargo, en términos globales, el buen gobierno ambiental de las administraciones e instituciones públicas españolas sigue sin llegar al aprobado. Ante el inicio de un proceso de recuperación social y económica frente al COVID-19, que tiene que avanzar hacia un país más sostenible, no podemos permitirnos estas notas, en ningún nivel de la administración pública”, explica la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

Principales conclusiones

Al igual que en su primera oleada, el estudio de SEO/BirdLife analiza el grado de cumplimiento en cuatro grandes aparatados: estado de la legislación, acción de las instituciones, procesos de participación y fiscalidad ambiental.

Para determinar su grado de cumplimiento se basa en seis indicadores, a los que otorga una puntuación en cuatro niveles que van de “claramente favorable” a “claramente desfavorable”.

Estado de legislación

En este apartado se examinan dos indicadores: el grado de cumplimiento de los ODS y el grado de cumplimiento en materia de Derecho comunitario.

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Acción de las instituciones

Para determinar el grado de cumplimiento en esta materia, se evalúa la conflictividad constitucional, es decir, el número de ocasiones en que el Tribunal Constitucional (TC) es llamado a expresarse sobre la constitucionalidad de normas legales ambientales, promulgadas por los diferentes niveles competenciales de la Administración. Se entiende que una norma que haya contado con consenso en su preparación y aprobación no llega al TC. Por otro lado, evalúa la actividad parlamentaria en materia de medio ambiente.

Fiscalidad Ambiental

En 2019, todavía con presupuestos prorrogados, continuaban incumplidas las recomendaciones internacionales, comunitarias e incluso estatales al respecto.

Participación publica

La participación pública en asuntos ambientales muestra datos negativos. En el caso de la Administración General del Estado, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, principal punto de participación del Gobierno nacional y la sociedad civil, persiste la escasa actividad, no cuenta con reuniones periódicas y necesita mejorar sus herramientas de funcionamiento.

En el caso de los consejos a nivel autonómico, el panorama es similar: en algunos casos, están perdiendo su misión como foros de debate y, en las peores situaciones, no existen más allá de sus normas de constitución, (es el caso de Madrid, Castilla y León, Asturias), cuestión que ha llegado a provocar pronunciamientos de tribunales de Justicia o del Defensor del Pueblo por no cumplir adecuadamente con los principios básicos de la participación pública.

El Mundo Ecológico / SEO/BirdLife

 

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