La producción de alimentos se acumula en manos de unos pocos, y cada vez más. Esta es la principal conclusión de un exhaustivo informe elaborado por Greenpeace, que evidencia que en España las explotaciones agrícolas y ganaderas son cada vez más grandes y están más concentradas en pocas manos, lo que amenaza la agricultura, la vida en las zonas rurales y, en última instancia, el modelo profesional de pequeña y mediana agricultura.
El informe “Tractor grande se come al pequeño” refleja que el número de explotaciones agrícolas en la UE ha caído en picado en los últimos años. Según Eurostat, en 2020 quedaban 9,1 millones de explotaciones, unas 5,3 millones menos que en 2005, lo que supone un descenso del 37 %. Este descenso no afecta a todos por igual: las pequeñas explotaciones tienden a desaparecer.
Mientras, en nuestro país, aunque las pequeñas explotaciones aún son mayoritarias y representan el 60 % del sector, la tendencia hacia la concentración también es clara, como demuestran algunos datos.
Desaparición de explotaciones
Si se analiza la evolución del campo español entre 2007 y 2021 se observa que: cerca del 18 % de las explotaciones españolas han desaparecido. Una reducción del número de explotaciones que ha afectado exclusivamente a las pequeñas explotaciones, un 36 %, frente a las grandes que prácticamente se han duplicado, aumentando en un 105 %.
Las explotaciones más grandes han representado la mitad de la producción económica total en 2021, a pesar de que son solo el 7 % del número total de explotaciones. Esto indica una fuerte concentración del poder económico en manos de relativamente pocos agricultores y empresas. Su producción económica ha crecido un impresionante 379 % entre 2007 y 2021.
La renta neta media de todas las explotaciones comerciales en España aumentó un 46 %, pero estas cifras ocultan una creciente desigualdad. Mientras que las mega explotaciones han aumentado su renta neta media desde 2007 en un 82 %, las explotaciones económicamente más pequeñas han perdido renta media.
Injusto acceso a las ayudas
Greenpeace señala que esta situación se ve agravada por el injusto acceso a las ayudas económicas, que no hacen otra cosa que aumentar la brecha entre pequeñas y grandes explotaciones.
Así, y a pesar de que las mega explotaciones representan en nuestro país sólo el 7 % de las explotaciones agrarias, reciben el 23 % de las ayudas directas de la PAC. En comparación, las pequeñas explotaciones comerciales -es decir, el 60 % del sector- reciben el 29 % de las subvenciones.
Además, las explotaciones más grandes son también las que mayor acceso tienen a la financiación privada, ya que poseen el 53 % de la deuda total del sistema agrario español y han aumentado sus préstamos en un 248%.
La vida rural en peligro
Greenpeace alerta de que estos cambios en el campo afectan de lleno a la vida cotidiana en las zonas rurales, que asisten a un progresivo envejecimiento de la población, aumento de la exclusión y del desempleo.
De nuevo los datos así lo demuestran: desde 2007, las pequeñas explotaciones perdieron 287.000 puestos de trabajo (unidades de trabajo anuales) durante ese periodo, es decir, cerca de la mitad de su mano de obra.
Este panorama cada vez más desigual supone un riesgo para el campo español y es el origen de muchos problemas, y requiere soluciones urgentes por parte de España. Unas zonas rurales dinámicas y prósperas son cruciales para una España sostenible, equitativa y resiliente al cambio climático.
Desigualdad creciente
De hecho, las zonas rurales y sus comunidades, que cubren el 84 % del territorio del estado español y albergan casi el 16 % de la población, desempeñan un papel vital en la protección de los paisajes y recursos naturales y en la producción de alimentos para la población europea.
“Este informe pone en evidencia la desigualdad creciente en el sector agrario”, ha señalado Helena Moreno, responsable de la campaña de Sistemas Alimentarios sostenibles de Greenpeace: “Las pequeñas explotaciones se ven asfixiadas por las condiciones y el poco apoyo de políticas como la PAC, y solo las grandes, que no necesitan ayudas porque son rentables per se, acaparan tierras, aguas y poder.
Leyes como la futura ley de agricultura familiar deberían apoyar firmemente a los pequeños y medianos agricultores familiares y recompensar los beneficios sociales y medioambientales que aportan a la sociedad, así como favorecer su transición hacia un modelo más resiliente al clima y adaptado a los recursos cada vez más escasos como el agua”.
