En cambio ecologistas, sindicatos y el sector de las renovables la acogen con frialdad por ser insuficiente o poco ambiciosa

«El Gobierno de España se muestra muy satisfecho por la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático de España y Transición Energética de España en el Congreso de los Diputados».

Así lo ha expresado en su comunicado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha celebrado hoy la aprobación la Ley en el Congreso de los Diputados. Según la nota recibida «el texto, que llega en un momento clave para activar las palancas de recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050».

La importancia de esta nueva norma radica en ser la primera de este tipo en España pero distintas voces han acogido con frialdad esta aprobación con calificándola como «insuficiente», «aceptable», «poco ambiciosa» o «que no responde a la emergencia climática actual».

Para la vicepresidenta, la ley aprobada hoy por la Cámara Baja es un documento “imprescindible” que había sido postergado demasiado tiempo. “Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad”.

Aprobada por el Congreso y el Senado

Ribera ha hecho énfasis en el intenso trabajo que todos los grupos parlamentarios han venido realizando y que da muestras del grado de implicación e interés que la ley ha suscitado. Tras haber pasado por el Congreso y el Senado, las enmiendas realizadas han enriquecido y reforzado el texto.

La ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla una primera revisión al alza de sus objetivos en 2023. En este sentido, Ribera emplazó a los grupos a “apoyar la ambición climática que persigue el Gobierno y a seguir trabajando en la suma de consensos”.

Los impactos del cambio climático son ya patentes en nuestro país: la tormenta Gloria que azotó el litoral español y la borrasca Filomena que el pasado enero inmovilizó gran parte del país, son solo dos fenómenos que muestran la contundencia de los efectos de la alteración climática.

Los eventos meteorológicos extremos de este tipo suponen para nuestro país una media de casi 700 vidas y 900 millones de euros al año. Por ello, la vicepresidenta ha insistido en la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida, integrando criterios de sostenibilidad y resiliencia.

Modernizar la economía

El Ministerio enfatiza que»en los últimos dos años España ha avanzado más que nunca en la asunción de compromisos climáticos, liderazgo internacional y desarrollo de políticas públicas».

Sin embargo, Ribera ha señalado que “hace falta más ambición para atajar el camino hacia la plena descarbonización, sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, modernizar la economía y transformar los modelos de producción y de consumo, adaptarse a los impactos climáticos y realizar estos cambios sin olvidar a ningún territorio ni a ninguna persona”.

En ese sentido, la vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta.

En su intervención, Ribera ha expresado que esta ley es “de todos y para todos”, y ha querido dirigirse especialmente a los jóvenes que son al mismo tiempo “cómplices y voz de la conciencia en cuanto a los avances en la lucha contra el cambio climático”.

La vicepresidenta ha recordado que en la lucha contra el cambio climático “hace falta la audacia de la juventud para anticiparnos y aprovechar el mundo de oportunidades que abren las tecnologías del futuro”.

Compromiso con la descarbonización

Desde el ministerio se destaca el «compromiso de España con la descarbonización queda reflejado  en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que, con una reducción del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea».

Por otro lado, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo tocante a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.

CCOO la tilda de «insuficiente»

«El inicio del largo camino»

Para la Fundación Renovables, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada hoy tras prácticamente un año de tramitación parlamentaria, pasa a calificarla como «un aceptable punto de partida en el largo camino que queda por delante para alcanzar la descarbonización plena de nuestra economía antes de 2050».

Poco ambiciosa para Greenpeace

Greenpeace ha sido, de momento, la organización más crítica con la Ley aprobada por el Gobierno progresista español. La Organización insiste en que la Ley «nace mucho más débil de lo que sería necesario para afrontar la crisis climática que enfrenta el mundo». En su nota de prensa realiza un extenso análisis de 10 puntos de la ley aprobada hoy.

Desde la organización ecologista se apunta a que «el texto aprobado es un punto de partida que tendrá que reforzarse para afrontar con éxito el cambio climático en uno de los países de Europa más vulnerable a sus graves impactos: solo aumentando sus objetivos de reducción de emisiones podrá servir para luchar de forma decidida contra la emergencia climática».

“Estamos en un momento crucial para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con limitar el calentamiento del planeta al 1,5º. La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Esta ley es un punto de partida mucho menos ambicioso del que necesitamos, por eso hay que seguir trabajando para concretar aquellos aspectos que nos permitan lograr la eliminación de los combustibles fósiles y una recuperación justa y verde”, ha declarado Alicia Cantero, responsable de la Unidad Política de Greenpeace.

Análisis de los 10 puntos clave de la Ley por Greenpeace

1. Escasa ambición para afrontar la emergencia climática. Uno de los aspectos más importantes de una ley de cambio climático es determinar unos objetivos climáticos ambiciosos. En este sentido, la ley española falla: el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es de un 23% para 2030 respecto a 1990, un porcentaje insuficiente en la lucha contra la emergencia climática. Para garantizar que España cumple lo que le corresponde para contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, el objetivo debería haberse elevado hasta al menos un 55%. Eso sí, la ley indica que la cifra se revisará al alza en 2023.
2. Puerta abierta a los combustibles fósiles. La ley deja la puerta abierta a la posibilidad del uso indiscriminado de “combustibles alternativos” en todo el sector del transporte y permite la promoción del gas fósil para el transporte por carretera. Este punto, que inicialmente pretendía ser una solución transitoria solo para el sector aéreo, extiende el uso de determinados combustibles también a la automoción, demorando la necesaria electrificación del automóvil y reduciendo la disponibilidad de dichos combustibles alternativos.
3. Eficiencia energética y rehabilitación de edificios para potenciar la descarbonización. La ley ha reforzado este punto al otorgar más peso a la rehabilitación energética incluyendo en su texto la eficiencia, la gestión de la demanda, la promoción del autoconsumo y su orientación a fijar las medidas para la población más vulnerable, vital para el empleo y clave en la recuperación verde. La ley especifica que el Gobierno tendrá que elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana. Según Greenpeace, este plan debería ser ambicioso en los objetivos de ahorro energético y establecer que al menos el 30% de las viviendas rehabilitadas sean de población vulnerable.
4. Prohibición de las prospecciones y minería de uranio. La ley acaba con las actividades de exploración o explotación de yacimientos de combustibles fósiles, lo que determina una señal clara respecto al uso de estos combustibles; la otra cara de la moneda es que podrán explotarse los existentes hasta 2042. En su paso por el Parlamento, la ley mejoró con la ampliación del artículo 8, que incluye la prohibición de las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio y que acaba con la minería de uranio en Extremadura.
5. Movilidad sostenible todavía por concretar. La entrada en vigor de la ley se verá reflejada directamente en poblaciones con más de 50.000 habitantes, que deberán contar con Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023, siguiendo el ejemplo de Madrid Central o la ZBE de Barcelona. Esta figura, presente en más de 250 ciudades europeas, puede ser eficaz para reducir la presencia de automóviles siempre que se fijen unos criterios ambiciosos, que aún están por definir. El texto también anuncia el fin de los vehículos con motor de combustión, una buena noticia que se ve empañada por el retraso en su implementación. El horizonte 2040 resulta obsoleto cuando Europa ya apunta hacia 2035 y aún está muy lejos de la necesaria fecha del 2028. La ley detalla algunos elementos más sobre transporte y movilidad que tendrán que desarrollarse y concretarse en la futura Ley de Movilidad.
6. Ecosistemas resilientes para el reto demográfico. La ley resalta las externalidades positivas que suministran los sumideros de carbono terrestres y marinos (carbono azul) y especialmente los servicios ecosistémicos que proporcionan los sectores agrario y forestal, por lo que es un avance en una buena dirección que necesita concreción. Además, la planificación y gestión del medio marino se orientarán al incremento de su resiliencia ante los efectos del cambio climático, especialmente importante en la gestión de la costa que deberán adecuarse a las directrices y medidas contempladas en la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático. La ley también avanza con la concreción de un mecanismo para que el necesario desarrollo de las energías renovables no tenga impactos negativos en la biodiversidad a través de un mapa de zonas de exclusión.
7. Contratación pública y dieta alimentaria para luchar contra el cambio climático. La ley contempla medidas de contratación pública, entre las que incluye prescripciones técnicas de criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono en los pliegos de contratación. Además señala la dieta alimentaria como un elemento para la lucha contra el cambio climático, un buen avance al que, sin embargo, también le falta concreción, ya que la referencia a productos “frescos o de temporada” no evita que estos alimentos puedan proceder de la destructiva agroindustria.
8. Avances en el sistema financiero. El texto incluye algunos avances en aspectos relacionados con las finanzas climáticas, como la obligación de que el sector financiero y las empresas presenten un informe anual en el que se realice una evaluación de los riesgos asociados al cambio climático o que las entidades de crédito publiquen objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París. Aunque el mayor avance de la ley en este sentido es la obligatoriedad del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de elaborar un informe sobre el grado de alineamiento con el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea basado en escenarios futuros que tendrán que presentar al Parlamento cada dos años.
9. Necesidad de una reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde. La fiscalidad es un pilar básico para la recuperación verde y justa que se ha incluido en la ley en el último momento y se ha visto escasamente reflejada en el texto, condicionada a la recuperación económica.
10. La única concreción ha sido la creación de una Comisión de expertos para comenzar con el diagnóstico. Sería necesaria una profunda reforma fiscal con criterios progresivos y el desarrollo de una fiscalidad verde que aplique el principio de ‘quien contamina paga’ e incentive los comportamientos más sostenibles.
11. Compromiso presupuestario. La ley establece que al menos un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado tengan un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. Este porcentaje -equivalente al acordado en el marco Financiero Plurianual de la Unión Europea- se fija en un 30%, pero se revisará al alza, antes del año 2025.

En cuestión de financiación, sin embargo, la ley sigue permitiendo que se utilice hasta un 25% de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión para compensar a las industrias para que sigan contaminando.

Valoración positiva de UNEF

En cambio, la Unión Fotovoltáica Española (UNEF» «se congratula de que la Ley de Cambio Climático final facilite la transición ecológica e incorpore la certidumbre a las inversiones como principio».

La entidad afirma que cree que la emergencia climática «reclama una respuesta urgente que tiene en el despliegue de renovables unos de sus principales instrumentos. Lograr el objetivo de descarbonización para mediados de siglo y hacerlo de manera respetuosa con la biodiversidad y el entorno donde se emplacen las instalaciones así lo requiere».

UNEF celebra «la aprobación definitiva de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras su ratificación definitiva hoy. Es un paso fundamental para la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030».

Destaca que la Ley incluya parte de las enmiendas que solicitadas en los últimos meses. De esta manera, la redacción actual de la LCCTE incluye ahora la certidumbre a las inversiones como principio, una petición expresa de UNEF y un factor clave fundamental para acometer con éxito y en un ambiente de seguridad y estabilidad la transición energética.

Con respecto al autoconsumo, se recalca que «no tenía ninguna mención en la versión original, toma visibilidad con el nuevo texto y, además, se favorece en la rehabilitación de viviendas. Asimismo, el texto aprobado establece que el Gobierno proponga la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, una petición que desde UNEF defendemos con insistencia puesto que flexibilizaría las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las Comunidades de Propietarios al facilitar el acuerdo entre los vecinos exigiendo un quorum menor para aprobar el proyecto».

Desde UNEF se aplaude también que el texto definitivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluya «una futura reforma del Sector Eléctrico, en la que se impulsarán las inversiones en la generación de energía renovable variable y flexible, la generación distribuida y el almacenamiento».

Así mismo, consideran muy positivo que se valore la capacitación de perfiles profesionales propios de la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático y la transición energética en el ámbito de la Formación Profesional.

Para UNEF parece «vital la innovación tecnológica para la competitividad del sector, aplaudimos que el texto haga mención al apoyo a la investigación, al desarrollo y a la investigación en energías renovables».

Por último, desde UNEF esperan que, en línea con el espíritu de la ley, los objetivos de renovables y, en concreto, de la energía fotovoltaica por ser la tecnología que menor impacto tiene en el entorno y su alto grado de competitividad, se revisen al alza.

El Mundo Ecológico