España, uno de los principales países europeos en materia de concesión de etiquetas ecológicas, asignó más de142 licencias en 2012
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto por el que se establecen las normas para la aplicación de la etiqueta ecológica de la Unión Europea. La nueva normativa introduce las modificaciones necesarias para aplicar el Reglamento comunitario.
Creada en el año 1992, la Etiqueta Ecológica Europea (EEE) constituye una parte importante de la política comunitaria de instrumentos voluntarios de ayuda a las empresas y a los consumidores para mejorar su actuación ambiental. Su objetivo es promover productos que puedan reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros de su misma categoría, de forma que contribuyan así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente.
España es uno de los principales países europeos en materia de concesión de etiquetas ecológicas, con más de 142 licencias concedidas hasta diciembre de 2012.
Entre las novedades que se incluyen en el Real Decreto, se encuentran la ampliación de las posibilidades de su utilización, para evitar la proliferación de sistemas nacionales de etiquetado ecológico. También contempla la sustitución del uso de sustancias químicas por otras más seguras, siempre que sea posible.
Asimismo, se simplifica el sistema y se reducen las cargas administrativas, racionalizando los procedimientos de evaluación. Al mismo tiempo, se coordina el sistema europeo con los sistemas estatales mediante el intercambio de información y experiencias.
Con la nueva norma, se impulsa también la promoción de la etiqueta ecológica mediante el fomento de su adopción por las pymes, y a través de campañas de sensibilización, información y educación específicas dirigidas a los consumidores.
Por último, se establece el cobro de un canon de solicitud por la concesión de la etiqueta ecológica, tal y como establece el Reglamento europeo, que tendrá que ser gestionado por las Comunidades Autónomas, y deja a la discrecionalidad de éstas la posibilidad de exigir un canon anual por el uso de la etiqueta.
