Ley de Pesca tiene aspectos que vulneran la normativa europea
Las organizaciones ambientales celebran la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Esta ley es imprescindible para actualizar la gestión pesquera de nuestro país a la legislación europea –la Política Pesquera Común– que entró en vigor en 2014.
El texto remitido por el Congreso presenta avances con respecto a la aún vigente Ley de Pesca Marítima de 2001. No obstante, las organizaciones ecologistas solicitan al Senado que corrija las incongruencias y aspectos contrarios a la normativa europea que aún existen entre sus artículos.
Asimismo, esperan que el texto sea más ambicioso en términos de conservación, tal y como se recoge en la propia Política Pesquera Común. Esta es de obligatorio cumplimiento y con casi una década de antigüedad.
Una ley de pesca que no alcanza el mínimo de ambición
ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, OurFish, SEO/BirdLife y WWF consideran muy preocupante que la nueva ley sea menos ambiciosa que la Política Pesquera Común europea y su normativa asociada. Por ello señalan que la ley podría ser cuestionada con razones más que suficientes por la propia Comisión Europea.
Uno de los aspectos prioritarios para garantizar una pesca justa y sostenible es el reparto de posibilidades de pesca, o “quién pesca qué”. El actual texto no garantiza que se tengan en cuenta criterios ambientales.
Por lo tanto, existe un alto riesgo de depender exclusivamente de criterios económicos, como son los derechos históricos, tal y como ha venido sucediendo hasta ahora. Dichos derechos históricos han promovido prácticas insostenibles en algunas flotas así como la marginación de otras.
Además, el texto actual blinda los cambios de reparto de posibilidades de pesca a los repartos realizados antes de la aprobación de la ley. Esto también vulneraría la normativa europea, ya que estos repartos se hicieron sin tener en cuenta criterios ambientales.
Rendimiento máximo sostenible
Otro aspecto negativo es que el Proyecto de Ley no incluye la obligación de no pescar por encima del “rendimiento máximo sostenible”, o asegurar que se aplica el principio de precaución. Este es un objetivo prioritario de la Política Pesquera Común y que resulta fundamental para garantizar la salud de las poblaciones de interés pesquero.
De la misma manera, el Proyecto de Ley vulnera el Reglamento de Medidas Técnicas (Reglamento UE 2019/1241) al considerar que pueda no ser posible reducir o eliminar las capturas accidentales de mamíferos, aves, tortugas marinas, tiburones y rayas protegidos.
Las organizaciones ecologistas quieren llamar la atención de que siempre es posible reducir este impacto. Hacerlo es una obligación que no puede ser esquivada por el Estado español a tenor del reglamento europeo.
Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife, afirma: “Confiamos en que el Senado tratará de enmendar estos aspectos fundamentales para aprobar una ley a la altura de nuestro tiempo».
Aspectos positivos
En cualquier caso, las organizaciones ambientales consideran que la nueva ley da pasos positivos hacia la sostenibilidad de la pesca y celebran el reconocimiento de los comités de gestión participativos a nivel local como mecanismos de participación en la gestión.
Sin embargo, estos son solo de carácter consultivo, para la creación y el seguimiento de los planes de gestión de las pesquerías o las Reservas Marinas de Interés Pesquero.
“Durante los últimos dos años las organizaciones ambientales hemos trabajado en coalición para informar el proceso de la ley. También agradecemos que el Congreso haya aceptado varias propuestas para mejorar el proyecto en términos de conservación, recogida de datos, y enfoque ecosistémico”. Así concluye Cecilia del Castillo, portavoz de Ecologistas en Acción.
El Mundo Ecológico / Ecologistas en Acción
